Desde 2024 las autoridades nacionales, encabezadas por el presidente Gabriel Boric y su supuesto “gobierno ecológico”, impulsan una campaña mediática titulada como “permisología”, que critica los tiempos de evaluación institucional y sectorial de proyectos de inversión, para lo cual el gobierno presentó dos proyectos de ley: “Sistema Inteligente de Permisos” y “Evaluación Ambiental 2.0”. Estas iniciativas buscan simplificar y reducir los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, con el objetivo de agilizar la inversión pública y privada. Ante tal situación las comunidades que llevamos años sosteniendo una defensa organizada, respetuosa con la institucionalidad y amparadas en los recursos legales e institucionales que el Estado de Chile ha implementado para el resguardo de la democracia, nos sentimos avasalladas y defraudadas. Observamos con profunda preocupación el giro vertiginoso del gobierno y el Estado hacia el neoextractivismo en su fase más violenta, que incluso atenta contra la soberanía nacional al convocar a inversores extranjeros para financiar proyectos que aún no han sido aprobados por la institucionalidad nacional.
A pesar de la gravedad del contexto neoextractivo actual, el escenario podría ser peor si se suman acciones cuestionables y desmoralizantes como el préstamo que CAF ha entregado a EPSA en consideración de la complejidad del conflicto socioambiental en que está inmerso el Proyecto Puerto Exterior.
Este es el caso del proyecto “Puerto Exterior” o “Megapuerto” de San Antonio, el cual lleva frenado y en evaluación alrededor de cinco años debido a las contundentes y numerosas observaciones que ha recibido a través de SEIA (Servicio de evaluación de impacto ambiental) tanto desde la ciudadanía como desde los servicios públicos, que incluso ha recibido críticas del propio sector portuario internacional. En septiembre de 2024, durante el evento Chile Day en Londres, Dheeraj Bhatia, CEO del holding de terminales portuarios de Hapag-Lloyd, expresó críticas significativas hacia el proyecto del Puerto Exterior de San Antonio, calificándolo como una inversión “sin sentido”. Bhatia argumentó que la capacidad portuaria actual de Chile es suficiente para atender sus necesidades hasta al menos 2034, y con inversiones adicionales, podría extenderse hasta 2040. El ejecutivo cuestionó la pertinencia de destinar aproximadamente US$4.000 millones al desarrollo de un nuevo puerto, sugiriendo que estos recursos podrían emplearse en otras áreas prioritarias, como la infraestructura para vehículos eléctricos.
A pesar de todo, las autoridades nacionales han tomado una actitud caprichosa e irreflexiva ante las claras advertencias de la institucionalidad, la ciudadanía, los servicios públicos, la comunidad científica e incluso el mismo sector portuario internacional ante la necesidad de un replanteamiento profundo del proyecto de ampliación portuaria en San Antonio en particular y del modelo de desarrollo y comercio marítimo en Chile en general; y han propiciado instancias de captación de inversores y préstamos internacionales para seguir impulsando este cuestionado proyecto.
El pasado 27 de marzo la prensa anunció con notorio entusiasmo que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un préstamo de 150 millones de dólares para la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), con garantía del Gobierno de Chile. Este financiamiento estará destinado a la ejecución de obras habilitantes para la construcción del molo de abrigo y la implementación de medidas de compensación ambiental asociadas al megaproyecto Puerto Exterior de San Antonio. Y más recientemente, el jueves 3 de Julio se anunció en los medios locales la participación del Alcalde Omar Vera de San Antonio en la conferencia internacional de CAF en Colombia, lo que nos da luces de la campaña estratégica del gobierno de Chile que permea también a la administración local y excluye a las comunidades. Es evidente la campaña política y económica del gobierno y el Estado de Chile, que avanza testarudamente para promover un proyecto sin RCA (Resolución de Calificación Ambiental), en contra de las comunidades y su voluntad popular expresa en el SEIA, en contra de la propia legislación ambiental nacional y en contra de la transparencia y resguardo de la soberanía nacional, al instar a organismos internacionales en el financiamiento de proyectos no aprobados en Chile.
Hacemos un llamado a las autoridades en Chile y hacia el Directorio de CAF para re evaluar las consecuencias sociales y políticas del plan estratégico que están llevando a cabo, considerando el frágil contexto socioambiental de nuestra región latinoamericana. La gravedad de los impactos de los proyectos de desarrollo económico son dramáticos e irreversibles. No podemos seguir hipotecando a la naturaleza, a los territorios y a sus comunidades en nombre del crecimiento económico, puesto que ese modelo perpetúa las desigualdades e injusticias sociales en que estamos inmersos en San Antonio, en Chile y en América Latina. A pesar de la gravedad del contexto neoextractivo actual, el escenario podría ser peor si se suman acciones cuestionables y desmoralizantes como el préstamo que CAF ha entregado a EPSA en consideración de la complejidad del conflicto socioambiental en que está inmerso el Proyecto Puerto Exterior.
